El Gobierno eleva del 5% al 7% la reserva de empleo público para personas con discapacidad

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un anteproyecto de ley para adecuar la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que modificará 10 leyes y que elevará del 5% al 7% la reserva de empleo público para los ciudadanos con discapacidad, entre otras medidas.


Este paquete de reformas normativas es, según el Gobierno, el primer paso de otras modificaciones legales que ya se están preparando y que se aprobarán en los próximos meses.


De momento, el texto al que ha dado luz verde el Gabinete convierte en obligación legal la práctica adoptada ya por algunas administraciones públicas de elevar del 5% al 7% la reserva de empleo para personas con discapacidad. Según el documento, el 2% de aumento deberá cubrirse con trabajadores con discapacidad intelectual.


También en materia de empleo, el anteproyecto, calificado por la vicepresidenta primera del Gobierno de "muy importante" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ordena al Ejecutivo que, en el plazo de un año, promueva medidas para asegurar el cumplimiento de la reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores.


SANCIONES


Por otra parte, el documento endurece el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. De esta forma, si las instituciones que prestan servicios sociales cometieran una infracción muy grave, les podría suponer la inhabilitación definitiva para el ejercicio de estas actividades.


También habrá modificaciones en los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, ya que se invertirá la carga de la prueba. Es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, como sucede ya en los casos de discriminación por razón de género.


SANIDAD


El anteproyecto, que deberá ser dictaminado por el Consejo de Estado, establece igualmente que la información sanitaria que reciban los pacientes tendrá que ser accesible y estar adaptada a sus diversas capacidades, como ocurrirá también con el consentimiento para someterse a una operación.


TRANSPORTES


El documento indica, del mismo modo, que todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte, como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos promovidos por la Administración General del Estado deberán incorporar una memoria de accesibilidad que analice las exigencias y determine las soluciones técnicas necesarias para garantizar el acceso universal a todos los ciudadanos con discapacidad.


En materia de protección civil, regula protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.


Prohíbe también la discriminación por discapacidad en los contratos de seguros, de tal forma que no se podrá denegar el seguro a las personas con discapacidad por este motivo, ni se le podrán imponer condiciones más gravosas que al resto de la población.


El anteproyecto reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la Discapacidad, como instrumento técnico de la Administración General del Estado. Con carácter anual, este órgano confeccionará un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para conocimiento y debate.